En el debate presidencial que reunió este lunes a los candidatos del pacto Nueva Mayoría, la ex presidenta Michelle Bachelet admitió haber aprobado termoeléctricas contaminantes durante su gobierno. No obstante, la candidata omitió referirse al lobby ejercido por la embajada de Estados Unidos para impulsar el polémico proyecto de Campiche pese al bloqueo impuesto por un fallo judicial.
En junio de 2009, la Corte Suprema invalidó la aprobación ambiental en Puchuncaví de la central termoeléctrica de AES Gener, la segunda empresa más grande del rubro en el país, determinando que la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) había incurrido en una ilegalidad tras dar luz verde a la construcción de la planta de carbón de 500 millones de dólares.
La sentencia señalaba que la "eliminación ilegal de un uso de suelo para áreas verdes en una localidad afectada por la alta emisión de contaminantes provoca un menoscabo evidente al entorno en que viven los recurrentes, vulnerando su derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación".
Bastó sólo un decreto supremo, con fecha 31 de diciembre de 2009, para que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo modificara la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, adecuando la utilización de suelos a Campiche y permitiendo que AES Gener pasara por alto la resolución de la Corte Suprema.
Dos años más tarde, cables diplomáticos filtrados por Wikileaks darían a conocer los pormenores de una intensa campaña de lobby desplegada por la misión diplomática de Estados Unidos en Santiago, que terminó en una inédita modificación de los estándares.
Ver vídeo "Tomas Mosciatti comenta lobby de AES Gener y Estados Unidos por Campiche". El embajador norteamericano tuvo más poder que todas las autoridades chilenas.
Según el cable Nº 221.119, la desaprobación de la planta de AES Gener representaba "un serio problema" que podía "socavar la imagen de Chile como un medioambiente estable de inversión". La preocupación fue manifestada al gobierno estadounidense por el propio gerente de la compañía en Chile, Felipe Cerón, y el presidente de la matriz AES, Andrés Gluski.
A raíz de lo anterior, el secretario de Comercio norteamericano Gary Locke hizo llegar hasta los escritorios de la presidenta Bachelet y los entonces ministros Edmundo Pérez Yoma (Interior), Hugo Lavados (Economía) y Marcelo Tokman (Energía), a través del embajador estadounidense Paul Simons, una carta donde manifestaba la inquietud de la Casa Blanca. Simons sostuvo luego una reunión con Patricia Poblete, ministra de Vivienda y Urbanismo.
"La respuesta de Simons a Locke fue que el gobierno chileno accedió... a solucionar los problemas que impedían la consecución del negocio de AES Gener y le dio por asegurado que la ministra Poblete, de quien dependían las modificaciones a las reglas de zonificación, desarrollaría una normativa que calzara con los planes de la empresa", reportó El Ciudadano sobre las revelaciones.
El pasado lunes, la ex presidenta y candidata Michelle Bachelet justificó la construcción de termoeléctricas contaminantes señalando que en Chile "no había gas y no había mucha agua". Indicó, sin embargo, que su gobierno desarrolló paralelamente la institucionalidad medioambiental necesaria - como el sistema de evaluación ambiental - para hacer que "muchos de esos proyectos, que en ese momento no nos quedaba más que aprobarlos", no puedan ser aprobados en la actualidad.
Bachelet incurre en una contradicción, puesto que la evaluación ambiental de proyectos ya existía cuando la central de Campiche fue aprobada. La diferencia es que inicialmente su gobierno pasó por alto un fallo de la Corte Suprema que impedía la construcción, cediendo ante el lobby de Estados Unidos y violentando la misma institucionalidad que hoy dice defender.
