Estados Unidos compareció el jueves 13 por segundo día consecutivo ante el Comité de la ONU contra la Tortura, al que debe responder por decenas de denuncias de abusos y maltratos a prisioneros, migrantes y minorías étnicas.
Algunos casos más conocidos que otros a nivel internacional, Washington tiene mucho que explicar al órgano de 10 expertos, encargado de seguir el cumplimiento de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Castigos Crueles, Inhumanos y Degradantes, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1984.
A juzgar por lo ocurrido la víspera en la ciudad suiza y los abundantes informes que remitieron al Comité varias organizaciones de la sociedad civil norteamericana, el gobierno estadounidense enfrenta serios apuros.
La actual administración, encabezada por Barack Obama, incluso hereda críticas a la de su predecesor en la Casa Blanca, George W. Bush (2001-2009), quien a raíz de los atentados del 9/11 ordenó una cruzada antiterrorista marcada por ilegalidades que continúan en la palestra. Forman parte de esa herencia, vuelos y cárceles secretas de la CIA, vejámenes a prisioneros en Abu Ghraib, Iraq, polémicas técnicas de interrogatorio a detenidos, y torturas y alimentación forzada a sospechosos de terrorismo encerrados sin cargos ni juicios a la vista en un centro ubicado en la ilegal Base Naval de Guantánamo.
Este martes, la consejera jurídica Mary McLeod reconoció en Ginebra que en la respuesta por los ataques del 11 de septiembre de 2001 se dejaron de cumplir valores reflejados en la Convención, a la cual pertenecen 156 países que deben responder periódicamente ante el Comité, Washington lo había hecho en 2006.
"Como el presidente Obama ha dicho, cruzamos la línea y asumimos nuestra responsabilidad", señaló. McLeod acotó que "no deben existir dudas sobre el rechazo de Estados Unidos a la tortura y los tratos y castigos crueles, inhumanos y degradantes, los cuales prohíbe en todo momento y lugar"
El Primer Día
La víspera, relatores y expertos del Comité de Naciones Unidas contra la Tortura solicitaron explicaciones a la delegación norteamericana, integrada por casi 30 personas.
Uno de los investigadores, el italiano Alessio Bruni, cuestionó "la dramática situación" de casi 70 mil niños migrantes detenidos, procedentes de El Salvador, Guatemala, Honduras y México.
Asimismo, exigió respuestas por la brutalidad policial, las actividades de la CIA en sus cárceles secretas y los abusos y condiciones de vida en la prisión de la base naval de Guantánamo, territorio cubano ilegalmente ocupado por Estados Unidos.
A propósito del tema de Guantánamo, otros integrantes del Comité preguntaron por qué seguían encerrados allí un centenar y medio de seres humanos, sin presentarles cargos o llevarlos a juicio, y sin acceso a los derechos fundamentales reconocidos internacionalmente.
Por su parte, el relator danés Jens Modvig y la jurista nepalesa Sapana Pradhan-Malla demandaron explicaciones sobre los abusos sexuales y los maltratos en centros de detención, entre ellos los destinados a menores y migrantes.
También salieron a relucir e la jornada el encierro de niños en prisiones de adultos, la criminalización de desamparados, la ejecución de reos con sufrimiento extremo, la violencia sexual en el ejército, el empleo del confinamiento solitario en cárceles y los abusos contra los migrantes bajo custodia, cuestiones denunciadas por activistas y defensores de los derechos humanos estadounidenses .
Además, se mencionó que unos 40 mil adultos y casi mil 400 jóvenes se han quejado por sufrir abusos sexuales en centros penitenciarios de la Unión.
Funcionarios norteamericanos respondieron a las denuncias y cuestionamientos, en algunos casos alegando que no eran fenómenos sistematizados.
Michel Brown
Familiares del joven afronorteamericano Michael Brown asesinado por un policía blanco en Ferguson, Missouri, llevaron al Comité los acontecimientos del pasado 9 de agosto.
Los padres de Brown, Lesley y Michael Sr, expusieron los hechos como un ejemplo del uso excesivo de la fuerza por parte de las agencias estadounidenses de seguridad y advirtieron sobre el ingrediente racial en esas prácticas.
Según dijo en Ginebra a la prensa el abogado de la familia Daryl Parks, los progenitores del joven, quien estaba desarmado cuando le dispararon, reclamaron a Washington la implementación de un "plan nacional para la justicia racial".
Waldo Mendiluza
Fuente: Pensa Latina / 13 de noviembre del 2014
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE CRÓNICA EN ZONA LIBRE.
