Las familias de soldados británicos muertos en Irak por falta de equipamiento adecuado podrán demandar al gobierno de Gran Bretaña y pedir compensación bajo la Ley de Derechos Humanos, según dictaminó la Corte Suprema de Londres en una sentencia que abre ahora la puerta a una treintena de casos y que tendrá fuertes implicaciones para el gobierno del primer ministro David Cameron.
La Corte Suprema emitió tal dictamen el 19 de junio después de estudiar los casos presentados por familiares de tres militares británicos que murieron debido al estallido de bombas mientras realizaban patrullajes en Irak a bordo de vehículos Snatch Land Rovers.
Los soldados que murieron eran Phillip Hewett, de 21 años; Lee Ellis, de 23, y Kirk Redpath, de 22. Todos ellos fallecidos entre julio de 2005 y agosto de 2007.
El Alto Tribunal de Londres rechazó el argumento del gobierno acerca de que lo ocurrido en el campo de batalla está fuera del alcance de las Cortes jurídicas.
Los jueces británicos también dictaminaron que el Ministerio de Defensa en Londres debe a los soldados el derecho a la protección bajo la ley de negligencia y agregó que las familias de los soldados muertos podrían demandar no sólo por compensación, sino también por negligencia.
La sentencia se tomó tras sendas batallas legales en el Alto Tribunal y en la Corte de Apelaciones por casos de soldados británicos muertos como consecuencia de equipamiento deficiente.
"Féretros móviles"
Luego del dictamen, el ministro de Defensa británico, el conservador Phillip Hammond, consideró que la decisión de la Corte "podría hacer más difícil que las tropas realicen sus operativos" en el extranjero.
"Estoy muy preocupado por las implicaciones más amplias de este dictamen, que podría afectar el desempeño de las tropas y potencialmente afectar decisiones militares por la amenaza de más litigios", destacó el funcionario en un comunicado oficial.
"Nosotros no creemos que el Ministerio de Defensa haya sido negligente al respecto", agregó.
Al menos 37 soldados británicos murieron en conflictos en Irak y Afganistán mientras patrullaban en vehículos armados Snatch Land Rover. La vulnerabilidad de dichos transportes militares hizo que muchos soldados los califiquen como "féretros móviles".
Los familiares del soldado Stephen Allbutt, de 35 años, muerto en Irak en marzo de 2003 luego de un incidente de "fuego amigo" en un tanque, y de los militares Daniel Twiddy y Andrew Julien, heridos en ese mismo hecho, también presentaron sus casos ante la Corte.
Esas familias argumentan que el Ministerio de Defensa desprotegió a los soldados por falta de equipamiento adecuado y por ende es culpable de negligencia.
Los allegados de los militares caídos quieren ahora elevar una demanda por daños y perjuicios amparados en el artículo segundo de la Convención Europea de Derechos Humanos, que impone a las autoridades la responsabilidad de proteger la vida de los miembros del Ejército.
Colin Repath, padre de uno de los soldados fallecidos en esas circunstancias, declaró a la televisión de la BBC que es una "vergüenza" que el juicio hubiese demorado tantos años antes de que se emitiera una sentencia.
"Mi hijo murió cinco años después del inicio de la guerra de Irak (en 2003). ¿Por qué murieron tantos soldados? ¿Por qué llevó tanto tiempo que se les diera el equipamiento adecuado?", agregó.
Debi Allbutt, la viuda de Stephen Allbutt, dijo a la BBC que estaba contenta con el fallo, aunque aclaró que la batalla de las familias afectadas continuará. "Queremos que en lugar que los soldados deban demandar al Ministerio de Defensa por negligencia, el equipo y el entrenamiento adecuado estén allí para que esto no vuelva a pasar", subrayó.
Otras de las madres afectadas, Susan Smith, cuyo hijo Phillip Hewett murió en julio de 2005 por la explosión de una bomba de camino en Irak, calificó el dictamen del Tribunal Supremo como "absolutamente brillante".
"Ya no podrán tratar a los soldados como sub-humanos sin derechos. Philip está muerto. Nada me lo va a devolver, pero este fallo salvará vidas en el futuro", agregó la mujer.
En tanto, la abogada Shubhaa Srinivasan, de la firma Leigh Day que representa a las familias de soldados afectados, dio la bienvenida al dictamen. "El máximo tribunal del país ha dictaminado que el Ministerio de Defensa, como empleador, debe aceptar su responsabilidad para equipar adecuadamente a su personal cuando los envía a una guerra", sostuvo la jurista.
Otra de las abogadas defensoras, Jocelyn Cockburn, sostuvo que el Ministerio de Defensa "no puede tener rienda suelta para equipar mal a las tropas".
"El Tribunal Supremo ha establecido algo crucial, que los soldados tienen derechos humanos, que se desempeñan dentro de la jurisdicción del Reino Unido, y que no pierden esa protección simplemente porque estén en el campo de batalla", concluyó.
La Guerra de Irak, que comenzó el 20 de marzo de 2003 y finalizó el 30 de abril de 2009, tuvo como saldo la muerte de 179 soldados británicos.
En el inicio de la guerra, unos 46 mil soldados británicos fueron desplegados a Irak, aunque luego de la invasión inicial, el número se redujo a 8 mil 600.
Según el grupo humanitario Iraq Body Count, el número de civiles iraquíes muertos como consecuencia de la guerra fue de 122 mil 438 desde marzo de 2003. Sin embargo, un estudio más amplio publicado en la revista médica británica The Lancet elevó la cifra de muertos a 654 mil 965.
Al menos 210 periodistas y reporteros de todo el mundo murieron entre marzo de 2003 y comienzos de 2008 en Irak, con dos de ellos desaparecidos y otros 15 secuestrados, según el grupo Reporteros sin Fronteras.
En 2007 un sondeo del grupo War On Want concluyó que la mayoría de los británicos cree que Gran Bretaña invadió Irak para obtener el control de las reservas petroleras de ese país árabe, en tanto que 37% consideró que el entonces primer ministro Tony Blair debería enfrentar un juicio por la guerra.
Ese mismo año, un sondeo de la BBC realizado entre 2 mil iraquíes concluyó que para 43% de los ciudadanos de Irak, había mejorado la vida tras la invasión, aunque para 36% la situación había empeorado. Un 78% dijo oponerse a la presencia de tropas de ocupación.
La guerra en Irak costó a Gran Bretaña al menos 9 mil millones de libras esterlinas (unos 15 mil millones de dólares).
En el Reino Unido, el ex funcionario Sir John Chilcot comenzó en noviembre de 2009 una pesquisa sobre la guerra de Irak, que finalizó en febrero de 2011. Entrevistó a un centenar de políticos, militares, testigos y analistas, entre ellos a quienes fueron primeros ministros, Tony Blair y Gordon Brown. El informe criticó duramente la labor del gobierno en ese conflicto y puso en duda las justificaciones que ofreció la administración de Blair para invadir el país árabe.
Un reporte publicado en marzo pasado en Londres por el grupo Amnistía Internacional (AI) concluyó que, diez años después de la invasión, en Irak se siguen cometiendo graves abusos a los derechos humanos. Miles de iraquíes son detenidos sin juicio justo o cumplen sentencias de prisión impuestas luego de audiencias injustas, persisten los actos de tortura, y es uno de los países donde existe el mayor número de ejecuciones sumarias.
